Redes sociales y menores: la ola de restricciones que ya llegó a Argentina
23 de octubre de 2026
El 21 de abril de 2026, la diputada María Jimena López presentó en la Cámara de Diputados el proyecto 1114-D-2026, que propone un esquema escalonado por edad para el acceso a redes sociales en Argentina: prohibición de cuentas para menores de 13 años (con excepciones acotadas por el interés superior del niño), acceso permitido entre los 14 y los 16 años solo con consentimiento parental, y uso libre a partir de los 16, salvo restricción judicial, según el análisis del estudio Marval. Un segundo proyecto, presentado por la diputada Carolina Basualdo, exige consentimiento parental para cualquier cuenta de menores de 15 años y obliga a las plataformas a desactivar por defecto las funciones diseñadas para maximizar el tiempo de uso. En junio de 2026, la Comisión de Familias, Niñez y Juventud de la Cámara empezó formalmente a debatir ambas iniciativas.
Lo que exigirían las plataformas si se aprueba
Más allá de los umbrales de edad, ambos proyectos comparten una lógica: correr la responsabilidad desde las familias hacia las empresas. El proyecto de López exige a las plataformas implementar "sistemas robustos de verificación de edad" como condición para operar en el país, junto con mecanismos "confiables y trazables" para obtener el consentimiento de madres, padres o tutores. Las sanciones por incumplimiento incluyen apercibimientos, multas de hasta el 30% de la facturación mensual de la empresa en el país, y la posibilidad de suspender su operación en Argentina.
El caso testigo: qué pasó en Australia
Ningún país tiene más para enseñar sobre este tema, por ahora, que Australia. El 10 de diciembre de 2025 entró en vigencia allí la primera prohibición nacional del mundo para menores de 16 años en una decena de plataformas: YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Reddit, Twitch, Threads y Kick. La ley no sanciona a las familias ni a los menores: pone la obligación directamente sobre las empresas, con multas de hasta unos 50 millones de dólares australianos si no logran impedir el acceso. Meta empezó a desactivar cerca de 500.000 cuentas de menores de 16 el 4 de diciembre, días antes de que la ley entrara en vigencia, mientras que X se resistió públicamente a la medida.
Los resultados, tres meses después
Acá está el dato que más vale la pena mirar antes de replicar el modelo sin más: según un estudio citado por Al Jazeera y otros medios, tres meses después de la entrada en vigencia de la ley, el 81,5% de los adolescentes menores de 16 seguía usando alguna red social, apenas por debajo del 85,9% previo a la prohibición. El uso diario o más frecuente bajó de manera casi imperceptible, de un 60% a un 58%. La tenencia formal de cuentas sí cayó de forma más marcada, del 52% al 42%, pero la mayoría de los menores que ya tenían cuenta antes de la ley lograron conservarla o crear una nueva sin mayor dificultad. La razón, según el mismo relevamiento: las plataformas no lograron implementar sistemas de verificación de edad realmente efectivos. El gobierno australiano ya anunció que va a duplicar la multa máxima a las empresas que no cumplan, y que va a reforzar las facultades de investigación de su regulador de seguridad online.
Qué significa esto para el debate argentino
Ninguno de estos resultados invalida el objetivo de fondo de los proyectos argentinos: reducir la exposición de los menores a contenido y dinámicas de uso diseñadas para maximizar el tiempo de pantalla es, en sí mismo, un objetivo razonable, más allá de si la ley logra un cumplimiento perfecto. Pero el caso australiano deja una lección concreta: la parte más difícil de este tipo de leyes no es fijar la edad mínima en el papel, sino lograr que las plataformas verifiquen esa edad de forma efectiva en la práctica. Sin esa pieza resuelta, la ley reduce la tenencia formal de cuentas, pero mueve mucho menos la aguja del uso real.Para el Congreso argentino, que recién empezó a debatir sus propios proyectos en junio de 2026, la experiencia australiana funciona como una advertencia útil y temprana: exigir "sistemas robustos de verificación de edad" en el texto de la ley es más fácil que garantizar que esos sistemas funcionen una vez que la norma esté vigente.
En resumen
Argentina se sumó, con dos proyectos de ley en debate legislativo, a una tendencia global que ya tiene un caso de prueba real: Australia, el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Los resultados de esa prueba, medidos tres meses después de su entrada en vigencia, muestran una ley que logró bajar la tenencia formal de cuentas pero apenas movió el uso real, con 8 de cada 10 adolescentes todavía conectados. La lección para cualquier país que discuta una ley similar —Argentina incluida— es clara: el desafío real no está en legislar la edad mínima, sino en lograr que la verificación de esa edad funcione de verdad.
